La reunión hace parte de una serie de talleres que está efectuando la Fiscalía para socializar el contenido del proyecto; el primer taller lo hizo con sus propias unidades, siguió con organizaciones defensoras de derechos humanos y recientemente el turno le correspondió a los sindicatos.
Oscar García, dirigente de la USO nacional, resume el propósito de la entidad en que “está buscando que las organizaciones populares o sociales le den un aval para decir que el proyecto sí ha tenido confluencia”. Enseguida expone la posición de la organización sindical, “lo que nosotros pensamos es que no es conveniente ese proyecto de priorización en las investigaciones, pues puede generar más impunidad de la que hay hoy en el país”.
García comenta que la Fiscalía pretende establecer un marco general donde se determinen los criterios de priorización para la investigación de los casos judiciales, por ejemplo, por móviles. Para sustentarlo, la entidad pone como ejemplo el caso de España, donde el sistema penal no alcanza a resolver todos los procesos y, por ello, hay un 60% de impunidad, tal como lo reconoció el ex juez Baltazar Garzón. El problema es que Colombia no se puede comparar con España, porque sus niveles de impunidad superan el 90%, además de que esa no es excusa para justificar que no el estancamiento en las investigaciones.
La USO no sólo no está de acuerdo con este nuevo sistema, sino que alerta porque, como su aplicación requiere una reforma constitucional, resulta sumamente peligroso para el Estado Social de Derecho, según García, “esto va en contra del derecho a la igualdad y a todos se les debe dar igualdad de oportunidades”.