{image}http://eldia.co/images/stories/070212/006.jpg{/image}El tratamiento dentro del sistema penitenciario en Colombia pone en evidencia que quienes ostentan el poder reciben trato preferencial y quienes carecen de él, la gran mayoría, pasan sus días en condiciones infrahumanas.
Esta conclusión se basa en un análisis de Miguel Ángel Beltrán, profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Él ha vivido en carne propia las deficiencias del sistema penitenciario colombiano; fue acusado injustamente de nexos con la guerrilla, y aún hoy es un perseguido político del Estado.
Beltrán analiza el reciente escándalo nacional cuando los medios de comunicación dieron a conocer que los “afamados” empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule, condenados a penas de escasos 7 años de prisión por el llamado “Carrusel de la Contratación”, contaban con un exclusivo sitio de reclusión con teléfonos celulares, computadores, ipods, Play Station y hasta quinientos mil pesos en efectivo. Todo descubierto durante un registro rutinario a la cárcel de alta seguridad, donde el resto de detenidos sufren hasta porque sus visitas son registradas en búsqueda de esos elementos prohibidos.
Casos similares se registraron en el pabellón de parapolíticos y la celebración del cumpleaños del polémico ex congresista Juan Carlos Martínez. Lo irónico, apunta Beltrán, es que mientras en el caso de los Nule, el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte, apenas si advierte que los primos “se exponen a perder los beneficios que la Fiscalía y un juez le otorgaron”, un prisionero regular sería sancionado con una suspensión de visitas hasta por un año o trasladado a otro centro penitenciario.
El trato discriminatorio en el sistema carcelario se hace aún más evidente cuando el profesor de Sociología recuerda que al momento del traslado de los Nule al pabellón de alta seguridad de la Picota, el medio centenar de presos allí recluidos, incluido Beltrán, fueron obligados a desalojar sus instalaciones para darle espacio a los recién condenados. Cincuenta internos fueron trasladados y sometidos a condiciones de hacinamiento.
Beltrán descubre una verdad que al Gobierno colombiano le cuesta admitir: “Lo cierto es que el tratamiento penitenciario en Colombia pone en evidencia las desigualdades de un país atravesado por profundas diferencias sociales: mientras aquellos que tienen poder económico, político o delincuencial, reciben trato preferencial en los centros de reclusión, como en el caso de los señores Nule, aquellos que carecen de él, esto es la gran mayoría, sobreviven en condiciones que constituyen una afrenta a la dignidad humana”.
