Una agenda laboral contra la pobreza y por el bienestar del país

Informativo CUT 87, Abril de 2014

Por: Fabio Arias Giraldo, SECRETARIO GENERAL CUT

La situación de los derechos laborales en Colombia es alarmante, muestra de ello es que el 70% del total de trabajadores, es decir 14,5 millones de personas no tienen un contrato de trabajo, existe una fuerte precariedad del empleo y bajos ingresos. Además el 82% de los trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos y el 50% menos de uno.  La participación de los ingresos derivados del mundo del trabajo en el PIB ha descendido 7 puntos en los últimos 20 años. El 42 % de la población está en la pobreza y el 14% en la indigencia. El desempleo ha bajado pero sobre la base de aumentar el número de inactivos en la población económicamente activa. La afiliación sindical está en el nivel más bajo en toda la historia del sindicalismo colombiano, por debajo del 4%, dispersa en 3.000 sindicatos y 3 centrales obreras representativas.

En los últimos 28 años han asesinado cerca de 3 mil entre dirigentes activistas o miembros de las organizaciones sindicales, la impunidad se sigue manteniendo en los altísimos niveles del 95%. Colombia ha estado en la lista negra de la OIT entre los países violadores de derechos laborales, libertades sindicales y en 18 oportunidades en los últimos 25 años ha sido señalado reiteradamente por la CSI, como el país más peligroso para ejercer la actividad sindical.

La grave problemática que en materia de salud viven hoy los trabajadores y en general el pueblo colombiano, el abandono en que se tiene a las personas de la tercera edad tiene que ver con la desvalorización del trabajo y de las instituciones que como el sindicalismo se han ocupado de su defensa, ello ha ocurrido gracias a una combinación y sinergia perversa de las políticas del modelo neoliberal y la profunda violencia antisindical que nos ha llevado a la precariedad en que hoy está sumida Colombia y de la cual aun no se ven perspectivas significativas de salir.

Los asuntos planteados por la misión de alto nivel de la OIT en febrero de 2011 y el plan de acción laboral Obama-Santos firmado el 7 de abril del 2011 para poder ser aprobado el TLC en Estados Unidos, que le indicaban al gobierno nacional la necesidad de hacer cambios significativos en materia de formalización laboral y trabajo decente, negociación colectiva y derecho de asociación y huelga, eliminación de la violencia antisindical y la impunidad, son temas que no han pasado de ser simples anuncios.

De allí que las centrales sindicales, pero muy especialmente la CUT en los últimos 3 años ha venido construyendo una agenda laboral que consiste en tres puntos sustanciales: el primero, buscar la formalización laboral, es decir el trabajo decente como dice la OIT, en el cual desaparezcan todas las formas precarias informales de contratación (CTA), las empresas de intermediación laboral (SAS), la tercerización laboral, los contratos sindicales con falsos sindicatos, las órdenes de prestación de servicios, pues muy a pesar de que existe suficiente normatividad nacional e internacional y múltiples fallos de la justicia en Colombia y en la OIT, gobiernos y empresarios siguen burlando los derechos de los trabajadores.

A manera de ejemplo, el gobierno nacional haciendo gala presuntamente de sus compromisos laborales, afirma que en un año ha formalizado 12.000 empleos, cuestión absolutamente insignificante e irrisoria frente a los 14.000 trabajadores que están en alguna de las situaciones anteriormente descritas y que de desarrollarse a este ritmo se podría gastar otros 500 años más de ignominias.

El segundo aspecto de la agenda, es la defensa de las libertades sindicales, es decir los derechos de asociación, negociación y huelga; solo el 1% de los trabajadores colombianos se benefician de un convenio colectivo. Un tribunal de arbitramento puede durar hasta tres años para ser convocado y cuando se soluciona, en general no atiende las solicitudes y demandas de los trabajadores. Los pactos colectivos son un modelo patronal para negar el derecho de asociación y la negociación que viene creciendo en desmedro de las convenciones que si firman los sindicatos. El derecho a la huelga fue violado por la Drummond cuando en complicidad con el Ministerio del Trabajo levantó una huelga de 52 días que había decretado Sintramienergética y que siendo éste un sindicato mayoritario, solo podría ser levantada por él.

Y el tercer punto de las centrales, es la reparación colectiva del movimiento sindical que debe velar en primera instancia por el reconocimiento al sindicalismo como una institución de la vida democrática del país y ser reconocido como tal, de esa manera debe reivindicarse su papel en la lucha por la democracia y en la defensa del mundo del trabajo por la sociedad en su conjunto y ser rechazada y condenada la estigmatización contra su ejercicio.

Deben señalarse los responsables e instigadores de la violencia antisindical y resarcir a las organizaciones y dirigentes que han sido eliminados y asesinados; se deben crear campañas del Estado para promover la afiliación y el ejercicio pleno de los derechos y las libertades sindicales e incluso promover organizaciones sindicales nuevas en sectores y empresas donde no existen y fortalecer las existentes.

Para eliminar la pobreza y reactivar la demanda interna y en conjunto, la situación económica del país, debe existir realmente la formalización plena del empleo en el país y el impulso de las políticas públicas de trabajo decente, de tal manera que se pueda promover la demanda y el consumo interno de bienes y servicios, configurándose entonces la posibilidad de un real crecimiento de la afiliación sindical y eliminar definitivamente la regresiva cultura antisindical por parte del gobierno de Santos. Colombia no puede seguir siendo un país donde se violen los derechos sino donde se reconozcan y garanticen plenamente.